ODEJ-Lab es un espacio de análisis y posicionamiento sobre el acontecer de la política educativa en México y en América Latina. Nuestro objetivo es fomentar debate crítico, producir conocimiento basado en información veraz y coadyuvar en la formulación de la política pública y estrategias político-pedagógicas enfocadas en el pleno ejercicio del derecho a la educación.
Sylvia Schmelkes del Valle
Ibero Ciudad de México
El Coneval lanzó recientemente el Estudio Diagnóstico sobre el Derecho a la Educación 2023, a la par de la Evaluación Integral de la Política Social Vinculada al Derecho a la Educación. Este segundo documento, de 335 páginas, se encuentra en la página de Coneval (coneval.org.mx). El primero, con 305 páginas, aún no se encuentra disponible, pero su contenido se discutió en el Seminario "Propuestas del Coneval para avanzar en la garantía de los derechos sociales", celebrado el 16 de octubre, en el que tuve ocasión de participar. Ambos documentos son de lectura obligada para quienes nos interesa y nos preocupa el estado de vigencia del derecho a la educación en nuestro país.
Resumo a continuación una parte de los comentarios al segundo documento, el diagnóstico, que externé en el seminario mencionado.
Es de encomiarse que Coneval lleve a cabo el monitoreo de las políticas sociales y de la situación que guarda la educación en el país desde un enfoque de derechos. Me parece incluso obligado, dado que el Artículo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado en 2011, ya reconoce en su plenitud los derechos humanos y también eleva a rango constitucional los tratados signados en nuestro país, entre ellos los referidos a los derechos humanos.
El derecho humano a la educación hace referencia necesariamente al derecho a una educación de calidad, que no es otra cosa más que el derecho a aprender lo que se requiere para vivir una vida digna y, como por definición el derecho es de todas y todos, también significa una educación con equidad respecto a la educación de calidad. El documento decide usar la palabra calidad, a pesar de que el Artículo III de la Constitución habla de “excelencia”, y no puedo estar más de acuerdo. Pablo Latapí señalaba que las connotaciones de la palabra excelencia (destacar, competencia, perfección) no reflejan lo que se busca desde la perspectiva de los derechos, abandonar la palabra calidad no tiene sentido, pues nos aleja del lenguaje internacional y del utilizado en el ODS 4.
Monitorear el estado del derecho a la educación de calidad implica revisar las 4 As que propone Katerina Tomasevsky, y una quinta, fundamental, que es la A de Aprendizaje, pues el aprendizaje es la razón de ser del servicio educativo, su propósito en última instancia. Esto lo hace el informe del Coneval. Se trata de un informe sumamente completo y complejo, elaborado haciendo el mayor uso de la información disponible. Cabe aquí señalar que es una pena que hayamos perdido información como país desde el pasado informe de 2018. El censo de escuelas (Cemabe) reveló mucha información muy valiosa para el tema que nos ocupa, pero se llevó a cabo hace ya una década y no se piensa en aplicarlo de nuevo a corto plazo. Tampoco se aplican ya pruebas de aprendizaje a muestras representativas y con aplicaciones confiables y, salvo la prueba ERCE del Laboratorio Latinoamericano de Calidad de la Educación de la UNESCO –cuyos resultados, por cierto, el Informe no utiliza–, que se aplicó en 2019, y la prueba PISA, no tenemos información confiable sobre lo que aprenden las y los estudiantes en nuestro sistema educativo. Esto es muy grave sobre todo por el impacto que tuvo la pandemia del Covid-19 sobre la asistencia, la permanencia y los aprendizajes de los estudiantes, como se analiza en el reporte de la Comisión Independiente sobre Covid en México, que el Informe tampoco revisa.
Me hizo falta un análisis comparativo entre 2018 y 2022, pues los análisis disponibles coinciden en indicar que se ha deteriorado el servicio educativo en el país: ha disminuido la matrícula, aumentado el abandono escolar, se han perdido aprendizajes y las brechas de desigualdad se han acentuado.
El informe atinadamente aborda el derecho a la educación desde la interdependencia de los derechos humanos. Sabemos del carácter multifactorial de la educación –las causas de la asistencia, la permanencia, los aprendizajes, la empleabilidad–, son múltiples. El Informe indaga sobre las conocidas: el nivel de ingreso, la geografía, la etnicidad, el trabajo infantil y, en menor medida, por falta de información, la migración. El derecho a la educación es la variable dependiente, pero el derecho a la educación también se entiende como derecho clave, o bisagra, o habilitante, porque permite el ejercicio de otros derechos. De ahí que hay que celebrar el que se lleve esta interdependencia de los derechos humanos al monitoreo del derecho a la educación. Juan Carlos Tedesco acuñó el concepto de “educabilidad”, que refiere a las condiciones que desde el hogar facilitan o impiden que pueda cumplirse cabalmente el derecho a la educación. Él resalta la obligación del Estado de atender las condiciones precarias de salud, alimentación, trabajo infantil, falta de tiempo para la convivencia familiar, reproducción de la pobreza educativa. El Informe avanza en este sentido, aunque quizás en futuras ediciones pueda profundizarse en esta visión compleja del fenómeno educativo. Conviene identificar todos los factores que no permiten que el hecho educativo se transforme en verdadero aprendizaje y como consecuencia en un mecanismo igualador que facilite la salida de la pobreza. Ello implica hacer cruces de los indicadores educativos que el Informe ya considera con otros factores que por la investigación educativa sabemos, influyen sobre la trayectoria y los logros de aprendizaje. También supone tratar de cuantificar las intersecciones que el informe muy bien menciona, pero no ha sido posible cuantificar la interseccionalidad, y sabemos que las desventajas se acumulan y afectan la escolaridad. Las políticas educativas van dirigidas a un factor, no a las intersecciones.
El Informe Diagnóstico y la Evaluación Integral de la Política Social orientada al Derecho a la Educación tienen como finalidad última emitir recomendaciones que efectivamente sean recogidas por quienes diseñan la política social. Para ello, se requiere, entre otras cosas:
Invertir más, distribuir el gasto adicional con criterios de equidad y romper el carácter inercial de los presupuestos educativos. Durante la administración que comienza habrá menos recursos –el déficit fiscal disminuirá, según nos dicen, del 6 al 3.5%–. La política social sufrirá, pues una proporción muy alta del presupuesto está ya comprometido en irreductibles, y otra parte del mismo se irá a las becas universales que restan recursos a los deciles de mayor pobreza. A pesar de ello, habrá que procurar que el gasto no corriente en educación –que es más de 90%– se destine preferentemente a quienes se encuentran en condiciones de desventaja educativa. La única manera de lograr la vigencia del derecho a una educación de calidad con todas y todos es subiendo el piso, con lo que todas y todos se verán beneficiados.
Se requiere atender integralmente a los docentes, que son quienes llevan a cabo el cambio educativo: elevar el nivel de su formación inicial y procurar incorporar en ella lo que se requiere para atender la diversidad y para atender con calidad a la base de la pirámide. También es necesario afinar la actualización docente, enfatizando procesos de acompañamiento a maestras, maestros, directoras y directores a fin de orientar la práctica docente hacia la inclusión y la equidad y hacia un buen clima de aula y escuela, y con esas bases priorizar las habilidades básicas, las superiores de pensamiento y los valores de convivencia con contenidos relevantes y pertinentes para los diferentes grupos sociales.
Se requieren políticas de largo plazo, que trasciendan las administraciones. Es necesario desarrollar políticas de Estado en educación, por lo que habría que procurarse que los propósitos se identifiquen para el largo plazo –lograr que se cumpla con todas y todos el derecho a una educación de calidad, atendiendo la diversidad – y las metas para periodos quinquenales, a fin de asegurar, en lo posible, trascender las administraciones. Ello no está contra la innovación y el cambio en educación, que también hay que propiciar. Pero el gran propósito debe perseguirse permanente y progresivamente.
Se necesita evaluar. No podemos proceder sin saber cómo vamos avanzando y quiénes se están quedando atrás. También necesitamos de la investigación que identifica las causas de las dificultades para lograr los propósitos, a fin de poder combatirlas. Es también indispensable mantener la calidad de los indicadores educativos –volver a lograr que sean considerados de interés nacional–, y evaluar con base en muestras representativas y con aplicaciones controladas los aprendizajes, cuidando que estas evaluaciones no tengan consecuencias para ningún individuo, ni docente ni estudiante, ni para ninguna escuela en lo singular. Los aprendizajes que hay que evaluar son los que cada niña, cada niño, cada adolescente y joven necesitan saber, lo que debe ser común a todos: las habilidades básicas de lectoescritura y cálculo, las habilidades digitales, las superiores de pensamiento. Tener esto claro evita el riesgo advertido en este Informe de “hipercontextualizar”, pues en educación hay que respetar un mínimo común y un máximo diferente. Debemos avanzar en el diseño de las políticas sociales con base en evidencias, pues de otra forma avanzamos a ciegas y derrochamos recursos.
Las recomendaciones que emanan del Informe son un claro ejemplo de evidencia orientadora de decisiones de política educativa, y también de lo que debe monitorearse y evaluarse. Especialmente resalta la identificación de las poblaciones en desventaja y el análisis de brechas. En el primer caso, la lista es larga: personas con discapacidad, indígenas, migrantes, mujeres con embarazo temprano y maternidad, niños en situación de calle, adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, primera infancia, adultos mayores, entre otros. No de todos hay información, pero identificarlos es un primer paso para visibilizarlos. Sobre las brechas, se ha señalado con insistencia la necesidad de que cada indicador de avance educativo tenga aparejado el correspondiente a las brechas, para saber si avanzamos en irlas cerrando. Este informe lo hace con la información disponible, y yo lo celebro. Tan importante son nuestros avances en acceso, permanencia, eficiencia y sobre todo calidad, como en el cierre de brechas. Habría que insistir en que estos indicadores, y otros que puedan desarrollarse se contemplen para incluirlos en los indicadores fundamentales del sistema educativo.
Cierro expresando mi convicción de la conveniencia de que sea una instancia autónoma la que desarrolle algunos indicadores y las evaluaciones de la política social, pues no es recomendable que el ejecutivo actúe como juez y parte. Coneval, a pesar de no ser un organismo autónomo, está en la lista de los organismos que la iniciativa de reforma constitucional que pronto comenzará a discutirse propone desaparecer. Ello sería lamentable, pues no es fácil que otra instancia pueda, con independencia, asumir la función de evaluar la educación y la política educativa con un enfoque de derechos, necesaria para contar con los elementos que permitan avanzar hacia un país más justo y equitativo.
Referencia
Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Evaluación integral de la política social vinculada al derecho a la educación 2023-2024. Coneval, 2024