El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
De acuerdo a la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) hay en el país un total de 185 escuelas normales con financiamiento público, mismas que presentan una diversidad de focos y condiciones. Existen escuelas formadoras de docentes urbanas y rurales, enfocadas en diferentes niveles de la docencia (las de educadoras o de preescolar son un buen ejemplo), las llamadas experimentales, etc. Todas estas instituciones forman docentes para que se incorporen al sistema educativo nacional. Por otra parte, las condiciones que enfrentan estas escuelas presentan también múltiples variaciones, algunas se encuentran en entornos relativamente seguros mientras que otras (en específico las normales rurales) enfrentan junto con sus alumnos, situaciones de marginación, violencia y vulnerabilidad.
Haciendo una relación a priori, se puede decir que los estados que tienen mayor cantidad de escuelas normales públicas son: México, 40; Chiapas, 19; Baja California, 15; Guerrero, 12; Campeche, 11; Jalisco, 10 y Michoacán, 8; algunas de ellas ubicadas en comunidades que enfrentan cotidianamente situaciones difíciles. Adicionalmente, si se compara esta información con los datos sobre violencia en nuestro país, se puede ver que, de ese conjunto de estados, hasta el año 2014, el estado de México era el que presentaba mayor índice de violencia seguido por Guerrero en segundo lugar y Michoacán en un cuarto lugar. Esto quiere decir que se tenía a 60 escuelas normales, equivalente al 32.43% del total en el país, ubicadas en zonas de violencia.
La lacerante pobreza
Por otra parte, entre el 2010 y 2014, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la pobreza en el estado de México aumentó de 42.9% a 49.6%, en Michoacán también se incrementó de 54.7 % a 59.2% y en Guerrero disminuyó de 67.6% a 65.2%. En términos generales podemos decir que en estas y otras muchas entidades hace falta todavía un enorme recorrido para disminuir significativamente el problema de la pobreza.
Estos dos factores, pobreza y violencia, que tienen lugar en gran parte de México pero que por ahora se destacan únicamente en tres de los estados señalados con un considerable número de escuelas normales, presentan una dura y cruda realidad especialmente para los jóvenes que ahí habitan. Las condiciones que rodean a la escuela normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, y la misma escuela siguen siendo un caso emblemático, especialmente en estos momentos en que se presenta el reporte realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes con motivo del aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Nos han quitado todo, comentó un estudiante de la normal de Ayotzinapa en la realización de la Cátedra Pablo Latapí, que tuvo lugar los días 27 y 28 de agosto en el Ibero de la Ciudad de México. “Nos han quitado todo, inclusive el miedo a morir”. Esta expresión se compagina en los hechos con la realidad de abandono a las escuelas formadoras de docentes por parte de la Secretaría de Educación Pública, lo que es evidente en las condiciones de operación de las normales rurales que siguen siendo precarias aparentemente por diseño. En este entorno llama la atención que en el marco de la puesta en marcha de la Reforma Educativa del 25 de febrero de 2013, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha publicado 28 Acuerdos, de los cuáles solo uno hace referencia a la situación específica de las normales y en concreto aborda a la de Ayotzinapa. Este acuerdo (DOF 24 de noviembre de 2014) a la letra dice en su primera parte:
“Se establece un Programa de Becas Educativas que tendrá por objeto otorgar becas de estudio a la víctimas o familiares que estén a su cargo y tengan una relación inmediata con éstas, por los acontecimientos del pasado 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, para que cursen su educación básica, media superior y superior en instituciones públicas del sistema educativo nacional.”
Becas a familiares en Ayotzinapa: minúsculo paliativo
Es claro que las necesidades educativas son grandes y que este programa de becas para los familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala es un minúsculo paliativo que genera dudas y da mucho que pensar respecto a cómo la autoridad nacional percibe a los estudiantes de las normales rurales y sus entornos. También es claro que a la SEP le corresponde en gran medida proporcionar a las escuelas normales los recursos económicos y materiales suficientes, la revisión y adecuación de los programas educativos, realizar estudios para conocer sus situaciones específicas y, tras esto pensar en la pertinencia de modificar las opciones educativas o incluso pensar en algunas nuevas. Todo esto especialmente en las comunidades que enfrentan los problemas de violencia y pobreza más graves como se dan en los estados de México, Guerrero y Michoacán.
Pareciera que la solución de fondo a esta problemática requiere estudio y análisis y que la SEP coordine acciones con otras secretarías de estado para incidir en la disminución de la pobreza y disminución de la violencia, vinculada al crimen organizado. Sería muy prudente que estas acciones se vean reflejadas en uno de los próximos acuerdos secretariales y más aún, que se traduzcan en acciones que verdaderamente apoyen a los maestros en formación.
La solución simple y pragmática es seguir dejando morir de inanición ya no sólo a las escuelas normales sino a los jóvenes que a ellas se vinculan y que ven en la docencia una posibilidad de desarrollo. Ante esto cabe preguntarse: ¿Cómo hacer para que la Secretaría de Educación Pública perciba la urgencia y trascendencia de tema tan relevante?, ¿qué acciones públicas son necesarias para que las escuelas normales rurales recuperen su relevancia como instancias de atención educativa a los jóvenes de territorios en condiciones de pobreza y violencia? ¿Será este septiembre cargado de luto por los 43 desaparecidos la ocasión para esta reflexión?
Referencias
Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación
CIDAC
CONEVAL
Acuerdos de la SEP después de la segunda reforma educativa publicados en el DOF 2015 http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_X_Acuerdos_Secretariales#.VfB4X5eP_5Y
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